Las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria generaron una inevitable situación de retroceso para el sector. Hay que recordar que la pandemia provocó una paralización de la actividad constructiva, con posterior suspensión de determinadas actividades, y que, además, se vio afectado por dificultades en el desabastecimiento de material y por la suspensión de la contratación de las Administraciones públicas.
De acuerdo con los datos de la Contabilidad regional trimestral de Castilla y León, durante el cuarto trimestre de 2020 el sector de la construcción observó un decrecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB), anotando una variación interanual del -7,5% (-8,2% en el precedente), apuntando menor contracción en la actividad de edificación e ingeniería civil. En cuanto a la inversión en construcción, también registró en este periodo una contracción menor a la del trimestre anterior (-9,5% y -16,1%, respectivamente). Y, por lo que se refiere al empleo, en Castilla y León, se observó un mayor aumento en el sector de la construcción, si bien descendió en todos los sectores productivos.
El de la construcción es un sector dinámico, que lleva a su espalda la anterior experiencia de la crisis de 2008, y si bien ha sufrido las consecuencias de la pandemia en el desarrollo de su actividad y en el empleo que absorbe, en el escenario actual está respondiendo con decisión. Así, el sector empresarial sigue apostando por la construcción de obra nueva.
Estas actuaciones se configuran como claves para la revitalización de la economía debido a su efecto tractor en el empleo e inversión, y, además, cuentan con el respaldo del instrumento Next Generation de la Unión Europea, tal y como han sido contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de España.
Por tanto, el sector de la construcción, si bien es uno de los más afectados, se presenta como uno de los que más oportunidades va a tener de cara a la recuperación económica y social de España y, por supuesto, de Castilla y León
La eliminación de trámites o su sustitución por otros más sencillos de cumplir y, sobre todo, que ahorran tiempos de tramitación, resulta siempre una medida acertada, siempre que se guarden las debidas garantías. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ya hicimos con la reforma de la Ley de Urbanismo de 2014 un gran esfuerzo en este sentido y ahora lo hemos completado con una medida importante: la sustitución de la exigencia de licencia de primera ocupación de edificaciones por la presentación de una declaración responsable. Nuestra estimación es que esta modificación está suponiendo un ahorro en tiempos de tramitación de entre cuatro y seis meses. Ahorrar tiempo supone ahorrar costes y ganar eficacia sin merma, en este caso, de las necesarias garantías.
Además, atendiendo una importante petición del sector energético, hemos ubicado en el mismo elenco de actuaciones sujetas a mera declaración responsable, las instalaciones de aprovechamiento de energía solar para autoconsumo que se efectúen sobre edificaciones o construcciones.
Ambas han sido medidas de reactivación de la actividad productiva y de simplificación administrativa adoptadas en el año 2020. Y ambas están teniendo una gran acogida. Seguiremos por este camino siempre que sea viable jurídicamente.
De ellos, 38 son proyectos específicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que acapararían 4.224 millones de euros, entre los que van a jugar un papel muy importante los relacionados con la edificación a través de proyectos de rehabilitación edificatoria y energética o de incremento del parque de viviendas para el alquiler asequible. Castilla y León quiere apostar porque los fondos europeos Next Generation estén orientados al reto demográfico “con un reparto objetivo y trasparente”. Y para ello resulta crucial contar con la participación de la sociedad, especialmente de los empresarios, en la elaboración de los proyectos con los que competir por esta financiación.
Teniendo en cuenta que la Unión Europea ha marcado claramente que los fondos deben encaminarse hacia el cumplimiento del objetivo de descarbonización en el año 2050, las líneas fundamentales que planteamos son dos: actuar en barrios y viviendas para mejorar su eficiencia energética, minorando, en beneficio de la sociedad, su consumo energético y su producción de CO2 y, en beneficio de sus usuarios, su factura energética. Y hacerlo en estrecha colaboración con el conjunto de agentes del sector, tanto en el plano informativo, como en los de elaboración y gestión técnica.
Pero no olvidamos el componente social. El acceso a una vivienda digna y adecuada se ha convertido con la pandemia en algo aún más gravoso para un sector importante de la población. Por esta razón, nuestra tercera línea pretende incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles y para ello Castilla y León ha pedido al Gobierno de España que incluya, entre las actuaciones financiables con fondos europeos, la construcción de viviendas para alquiler social y la adquisición por la Administración autonómica de viviendas desocupadas para ponerlas a disposición de las familias más vulnerables
En línea de lo expuesto, los proyectos presentados son de rehabilitación del parque público de viviendas auto nómico; de eliminación del amianto en diversas edificaciones en cumplimiento de la normativa europea en la materia; también proyectos dirigidos a la mejora de la eficiencia energética del parque privado de viviendas; proyectos con los que actuar en áreas de regeneración, rehabilitación y renovación urbana de barrios degradados y vulnerables de Castilla y León que representan una experiencia de éxito en nuestra Comunidad, y, por último, proyectos para incrementar el parque público de viviendas para su alquiler social. Son proyectos de gran trascendencia que, a sus indudables beneficios sociales y ambientales, queremos vincular el objetivo de que sirvan para coadyuvar al reto demográfico.
Las perspectivas son buenas, aunque teñidas de cierta incertidumbre que confiamos disipar en los próximos contactos con el Ministerio. La sociedad castellano y leonesa debe saber que en todo este tiempo en el que el Gobierno de España ha estado elaborando el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a las
Comunidades Autónomas no se nos ha ofrecido un cauce de verdadera participación en la toma de decisiones. Ha sido, más bien, unos meses de mera información, sin diálogo ni discusión. De hecho todavía no está convocada la Conferencia Sectorial que determine algo tan importante para el sector como es la fijación del criterio de reparto de esos fondos entre las Comunidades Autónomas. Cuándo y cómo son, por tanto, preguntas ahora difíciles de responder. Sabemos que una vez presentado el Plan por el Gobierno de España, restan dos meses para que la Comisión Europea apruebe las propuestas de cada Estado. Por eso estimamos que será a partir del mes de julio y fundamentalmente mediante convocatorias de ayudas directas, cuando demos el pistoletazo de salida a estos esperados fondos.
Por supuesto. Yo diría que mi optimismo es mucho más que moderado. ¿Se puede ser pesimista con este escenario? La recuperación va a necesitar de los profesionales de la construcción. Sin su implicación, fracasaremos todos. Pero eso no va a ocurrir…
Lo espera todo. Porque en realidad esta Consejería no va a ser más que el canalizador de un proyecto de recuperación que pasa por incentivar el reciclaje y la modernización del parque edificado. Espero, y estoy seguro, que estará a la altura del nivel de compromiso que la buena gestión del caudal de fondos que nos llega de Europa a todos nos exige. Agentes públicos y privados. Administraciones autonómicas y locales. Grandes empresarios y los medianos y pequeños.
Promovemos medidas muy diversas y exitosas, desde la elaboración de modelos para el pasaporte energético de los edificios, hasta el impulso de la inspección técnica de los edificios, pasando por la concesión de los premios a la construcción sostenible, que pronto verán su IX edición, o la financiación de cursos de formación y difusión de la tecnología BIM. Estamos organizando, para la última semana de septiembre, el III Congreso de ITE+3R en la ciudad de Ávila y acogeremos unas jornadas de conclusión de la XV Bienal de Arquitectura y Urbanismo la primera semana de octubre en la ciudad de Valladolid
Se me ocurren dos. La barrera económica y la cultural. Para solventar la primera, esto es, la dificultad que para muchas familias puede acarrear emprender reformas en sus hogares, tenemos tres recetas: ayudas públicas, incentivos fiscales y buenas condiciones de financiación. Las ayudas públicas se han convertido en un elemento clave para el incentivo de la rehabilitación edificatoria y van a intensificarse con la llegada de fondos europeos. Por poner algunas cifras, las 95 áreas de regeneración urbana que desde la Consejería se han tramitado a lo largo de la última década, han permitido rehabilitar en torno a 13.600 hogares gracias a la aportación de más de 309 millones de euros de las Administraciones públicas. Y en mejora de la eficiencia energética, de la accesibilidad y la conservación de los hogares llevamos ya más de 28 millones de euros distribuidos en más de 11.000 hogares de Castilla y León a través de la convocatoria anual de ayudas a la rehabilitación. Con todo, las subvenciones no alcanzan a cubrir la totalidad del coste de la rehabilitación. El porcentaje de las obras que no quede cubierto con dichas ayudas, si no lo pueden aportar los propietarios privados, ha de poder contar con unas condiciones de financiación favorables. Aquí las entidades bancarias tendrán mucho que decir y decidir.
Y también los legisladores a través de la implantación de un atractivo tratamiento fiscal. Castilla y León está trabajando en mejorar las deducciones fiscales en el IRPF que en la actualidad ya existen en esta materia.
En cuanto a la barrera cultural, venimos trabajando desde hace años en afianzar una cultura de la rehabilitación. Básicamente difundimos a todos los agentes las ventajas que los procesos de rehabilitación tienen desde el punto de vista de la eficiencia y el ahorro energético y de la salud y el bienestar de las personas.
Con este propósito emprendemos actuaciones tan importantes como el ya citado congreso ITE+3R que se ha convertido en un foro de referencia en este campo y que va ya por su tercera edición; los premios de construcción sostenible que la Junta de Castilla y León convoca cada dos años para destacar aquellos proyectos y obras relevantes desde el punto de vista de la eficiencia energética; el apoyo económico al clúster AEICE para la organización de eventos, charlas o talleres de difusión de la rehabilitación sostenible y de la edificación saludable -el Congreso Life Habitat fue un gran éxito sobre esta última cuestión-; o al Instituto de la Construcción de Castilla y León para desarrollar actividades en torno a la construcción sostenible y a la innovación, y a la Fundación Laboral de la Construcción en su especialidad de formación en el ámbito de la construcción.
El mecanismo lo estamos definiendo, pero en lo esencial se apoyará en dos pilares: colaboración para la información del perceptor de las ayudas a través de ventanillas únicas –el modelo de las oficinas de los áreas de regeneración urbana (ARRUs) nos sirve de inspiración- y colaboración en el análisis y viabilidad técnica de los proyectos susceptibles de recibir financiación -y aquí los colegios de las diferentes profesiones involucradas habrán de jugar un papel importante
In contraria ducet; en la adversidad lucha. Y capacitación. Sabemos que viene mucho dinero y sabemos para qué viene.